Ex jefe de inteligencia de Colombia dirigía seguridad de Chevron en Ecuador

El Ministerio de Defensa y la Contraloría de Ecuador adelantan una investigación para determinar si existieron irregularidades en el contrato suscrito entre una empresa de las Fuerzas Armadas y la compañía estadounidense Texaco (Chevron) para la protección de sus funcionarios. La investigación apunta a la empresa Sepriv, empresa de seguridad de propiedad del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) que mantenía un contrato de prestación de servicios con Chevron desde el 2004. Por este contrato, Chevron pagó a Sepriv 3,5 millones de dólares.

Chevron mantiene una campaña de desprestigio contra Ecuador tras el fallo de una corte de justicia nacional que sentenció a la transnacional a indemnizar a pobladores amazónicos por la contaminación atribuida a la empresa luego de su operación (entre 1964 y 1990).

El actual gerente de Sepriv es Óscar Paredes Múñoz, ex director del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS), reveló el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, durante el informe semanal de la Presidencia.

Paredes se desempeñó como director del DAS entre abril de 1979 a noviembre de 1996. Todos los gerentes, a excepción de Paredes, eran militares retirados.

Los servicios de las Fuerzas Armadas de Ecuador estaban dirigidos al personal de abogados y funcionarios de Chevron relacionados a las diligencias dentro del juicio que pobladores amazónicos plantearon contra la empresa estadounidense.

El convenio obligaba a la División Amazonas del Ejército a destinar cinco militares armados para brindar vigilancia a los funcionarios de Chevron.

“Imagínense ustedes, dándole seguridad a la empresa transnacional que ataca al Ecuador, que dejó contaminación, esto es parte de la mano sucia de Chevron”, dijo Glas.

Derivado de este acuerdo, en 2005 se impidió una diligencia judicial para inspeccionar el pozo petrolero Guanta, solicitada por las comunidades, acción que favoreció a Texaco, según una investigación del Ejército.

Glas adelantó que el convenio podría tener vicios de ilegalidad y que la Contraloría General del Estado está realizando un examen especial a la V División Amazonas y la empresa Sepriv.

Informó que el Ministerio de Defensa dispuso también la finalización del proceso de liquidación de la Dirección de Industrias del Ejército, Holding DINE, y dos empresas vinculadas a este grupo hasta mediados de 2014.

Además se ha instruido del directorio del ISSFA para que esta institución no administre ninguna empresa sino que se dedique exclusivamente a la gestión del portafolio de acciones para sus inversiones.

“Denuncia me puede costar un tiro”

El 28 de octubre, el presidente Rafael Correa reveló la vinculación de Sepriv con Texaco-Chevron y advirtió que la denuncia le podía costar un tiro.

El 13 de octubre de 2003, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, se firmó el contrato de “Prestación de servicios de seguridad privada, alojamiento, alimentación y para la provisión de personal especializado de seguridad”.

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El acuerdo fue celebrado por el coronel retirado Mario Enrique Bonilla Silva, en su calidad de gerente general de Sepriv entre 2002 y 2004, y por Rodrigo Pérez Pallares, representante legal de Texaco Petroleum Company, quien también suscribió, en 1998, el acta final con la que se avaló la falsa remediación de Chevron-Texaco en la Amazonía ecuatoriana, liberándola de toda responsabilidad y futuras demandas del Estado.

El contrato estipula que Texpet, filial de Texaco en Ecuador, contrataría los servicios de seguridad y protección de los ejecutivos de la transnacional y que además Sepriv debía presentar informes de inteligencia semanalmente o cuando Chevron-Texaco lo requiriese.

Como parte de este contrato, en 2004 se suscribió un convenio de Cooperación Interinstitucional entre Texpet y la Cuarta División del Ejército “Amazonas”, representado por el exgeneral Gustavo Tapia en el cual se cedía territorio dentro de la Unidad Militar GFE-24-Rayo en Lago Agrio (Sucumbíos) para la construcción de una vivienda que facilitase el alojamiento de los ejecutivos de la empresa estadounidense, cuyo mantenimiento provendría de los fondos públicos asignados a la brigada.

Por esta razón, el presidente Correa pidió que el caso fuera investigado por la Contraloría General del Estado como posible delito de peculado, y manifestó: “Esto me puede ocasionar un tiro, ya estarán los conspiradores yendo a defender a las Fuerzas Armadas y al Issfa. Yo me juego la vida, pero no permitiré que sigan pasando estas cosas”.

 Fuente: ANDES.

EEUU investigó empresas de FF.AA. de Ecuador, revela cable diplomático.

Un cable diplomático de la exembajadora estadounidense Linda Jewell enciado a su Gobierno, con fecha 30 de enero de 2007, y filtrado por WikiLeaks da cuenta del interés que tenían por conocer cómo se manejaba HoldingDine, una corporación industrial y comercial constituida en 2000 como sociedad anónima, al amparo del artículo 429 de la Ley de Compañías para que, como institución adscrita a la Fuerza Terrestre, se encargue de administrar las empresas de la Dirección de Industrias del Ejército (DINE) y de estructurar un grupo empresarial.

El cable, incluso, evidenciaba el interés con respecto a perder poder e influencia en las empresas militares, no solo por los recursos económicos que generaban, sino porque se descubriera alguna injerencia que podrían tener sobre ellas funcionarios norteamericanos o representantes de empresas transnacionales, como finalmente se descubrió que hacía Chevron Corporation con una de ellas: Sepriv Cía. Ltda.

Desde 2005 la petrolera estadounidense pagó más de $ 3 millones a la compañía militar de seguridad Sepriv Cía. Ltda., que hasta 2010 fue parte de la DINE y que ahora pertenece al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del Ecuador (Issfa).

El tema cobra vigencia luego de que el presidente Rafael Correa, durante el enlace ciudadano del 26 de octubre, revelara que hasta el 18 de octubre pasado existía una conexión entre las FF.AA. y la multinacional petrolera Chevron Corporation.

La explotación de petróleo por parte de Texaco, cuyas acciones adquirió Chevron en 2001, causó afectación a la flora y fauna de la Amazonía. Por ello, 30 mil afectados, la mayoría de comunidades indígenas, entablaron una demanda civil contra la compañía, por el daño ambiental.

El contrato entre Chevron y Sepriv Cía. Ltda.

El 13 de octubre de 2003, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez (SP), la compañía militar de seguridad Sepriv y Texpet, filial de Texaco (Chevron), suscribieron el contrato de “prestación de servicios de seguridad privada, alojamiento, alimentación y para la provisión de personal especializado de seguridad”.

El acuerdo fue celebrado por el coronel retirado Mario Enrique Bonilla Silva, gerente general de Sepriv entre 2002 y 2004, y por Rodrigo Pérez Pallares, representante legal de Texaco Petroleum Company, quien también suscribió, en 1998 (en el gobierno de Jamil Mahuad), el acta final con la que se avaló la falsa remediación de Texaco-Chevron en la Amazonía ecuatoriana, liberándola de toda responsabilidad y futuras demandas del Estado.

Se estipulaba que Chevron contrataría los servicios de seguridad y protección de los ejecutivos de la transnacional y que, además, Sepriv debía presentar informes de inteligencia semanalmente o cuando la compañía así lo requiera.

Como parte de ese contrato, en 2004 se suscribió un convenio de Cooperación Interinstitucional entre Texpet (filial de Texaco en Ecuador) y la Cuarta División del Ejército Amazonas, representada por el exgeneral Gustavo Tapia.

Allí -según denunció el mandatario Correa- se cedía territorio (a una compañía extranjera) dentro de la Unidad Militar GFE-24-Rayo en Lago Agrio (Sucumbíos), para la construcción de una vivienda que facilitase el alojamiento de los ejecutivos de la empresa estadounidense, cuyo mantenimiento se supone provendría de los fondos públicos asignados a la brigada.

Por ello, Correa pidió que el caso fuera investigado por la Contraloría General del Estado como posible delito de peculado, y dijo: “Esto me puede ocasionar un tiro, ya estarán los conspiradores yendo a defender a las Fuerzas Armadas y al Issfa. Yo me juego la vida, pero no permitiré que sigan pasando estas cosas”.

Durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, Nelson Herrera fue el ministro de Defensa (lea mañana sus declaraciones) y Jaime Alfonso Andrade, subsecretario de Defensa y jefe de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Este último constaba como el representante legal de Sepriv Cía. Ltda. desde 2005 hasta 2009.

Actualmente figura Óscar Paredes Muñoz, de nacionalidad colombiana, como representante legal de la empresa. Él también dirige el Comité Ecuatoriano de Seguridad Bancaria y se ha desempeñado como gerente de Seguridad de los bancos privados ecuatorianos Popular, Pichincha y Produbanco, según consta en la página web de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban).
El 8 de octubre de este año, Sepriv notificó a Chevron la terminación del contrato.

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EL TELEGRAFO – Un cable diplomático de la exembajadora estadounidense Linda Jewell enciado a su Gobierno, con fecha 30 de enero de 2007, y filtrado por WikiLeaks da cuenta del interés que tenían por conocer cómo se manejaba HoldingDine, una corporación industrial y comercial constituida en 2000 como sociedad anónima, al amparo del artículo 429 de la Ley de Compañías para que, como institución adscrita a la Fuerza Terrestre, se encargue de administrar las empresas de la Dirección de Industrias del Ejército (DINE) y de estructurar un grupo empresarial.

El cable, incluso, evidenciaba el interés con respecto a perder poder e influencia en las empresas militares, no solo por los recursos económicos que generaban, sino porque se descubriera alguna injerencia que podrían tener sobre ellas funcionarios norteamericanos o representantes de empresas transnacionales, como finalmente se descubrió que hacía Chevron Corporation con una de ellas: Sepriv Cía. Ltda.

Desde 2005 la petrolera estadounidense pagó más de $ 3 millones a la compañía militar de seguridad Sepriv Cía. Ltda., que hasta 2010 fue parte de la DINE y que ahora pertenece al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del Ecuador (Issfa).

El tema cobra vigencia luego de que el presidente Rafael Correa, durante el enlace ciudadano del 26 de octubre, revelara que hasta el 18 de octubre pasado existía una conexión entre las FF.AA. y la multinacional petrolera Chevron Corporation.

La explotación de petróleo por parte de Texaco, cuyas acciones adquirió Chevron en 2001, causó afectación a la flora y fauna de la Amazonía. Por ello, 30 mil afectados, la mayoría de comunidades indígenas, entablaron una demanda civil contra la compañía, por el daño ambiental.

El contrato entre Chevron y Sepriv Cía. Ltda.

El 13 de octubre de 2003, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez (SP), la compañía militar de seguridad Sepriv y Texpet, filial de Texaco (Chevron), suscribieron el contrato de “prestación de servicios de seguridad privada, alojamiento, alimentación y para la provisión de personal especializado de seguridad”.

El acuerdo fue celebrado por el coronel retirado Mario Enrique Bonilla Silva, gerente general de Sepriv entre 2002 y 2004, y por Rodrigo Pérez Pallares, representante legal de Texaco Petroleum Company, quien también suscribió, en 1998 (en el gobierno de Jamil Mahuad), el acta final con la que se avaló la falsa remediación de Texaco-Chevron en la Amazonía ecuatoriana, liberándola de toda responsabilidad y futuras demandas del Estado.

Se estipulaba que Chevron contrataría los servicios de seguridad y protección de los ejecutivos de la transnacional y que, además, Sepriv debía presentar informes de inteligencia semanalmente o cuando la compañía así lo requiera.

Como parte de ese contrato, en 2004 se suscribió un convenio de Cooperación Interinstitucional entre Texpet (filial de Texaco en Ecuador) y la Cuarta División del Ejército Amazonas, representada por el exgeneral Gustavo Tapia.

Allí -según denunció el mandatario Correa- se cedía territorio (a una compañía extranjera) dentro de la Unidad Militar GFE-24-Rayo en Lago Agrio (Sucumbíos), para la construcción de una vivienda que facilitase el alojamiento de los ejecutivos de la empresa estadounidense, cuyo mantenimiento se supone provendría de los fondos públicos asignados a la brigada.

Por ello, Correa pidió que el caso fuera investigado por la Contraloría General del Estado como posible delito de peculado, y dijo: “Esto me puede ocasionar un tiro, ya estarán los conspiradores yendo a defender a las Fuerzas Armadas y al Issfa. Yo me juego la vida, pero no permitiré que sigan pasando estas cosas”.

Durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, Nelson Herrera fue el ministro de Defensa (lea mañana sus declaraciones) y Jaime Alfonso Andrade, subsecretario de Defensa y jefe de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Este último constaba como el representante legal de Sepriv Cía. Ltda. desde 2005 hasta 2009.

Actualmente figura Óscar Paredes Muñoz, de nacionalidad colombiana, como representante legal de la empresa. Él también dirige el Comité Ecuatoriano de Seguridad Bancaria y se ha desempeñado como gerente de Seguridad de los bancos privados ecuatorianos Popular, Pichincha y Produbanco, según consta en la página web de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban).

El 8 de octubre de este año, Sepriv notificó a Chevron la terminación del contrato.

El cable diplomático confidencial de Linda Jewell

En el cable diplomático 07QUITO245_a, Jewell señaló que en una reunión, mantenida el 22 de enero de 2007 entre representantes de la Agregaduría de Defensa (DATT), de la Oficina de Economía (Econoff) de Estados Unidos y altos directivos de HoldingDine, uno de los conglomerados industriales-militares de Ecuador (ver infografía), alertaban cómo una ley reciente pretende imponer limitaciones estrictas en la participación de los militares en la economía ecuatoriana.

“El 22 de enero, DATT y Econoff se reunieron con el coronel Nelson Echeverría (lea mañana las declaraciones que le dio a EL TELÉGRAFO) y el coronel (r) Eduardo Acosta, presidente ejecutivo y jefe de Estrategias, respectivamente, de la Dirección de Industrias del Ejército (HoldingDine), para evaluar sus planes a raíz de la ratificación, de este mes, de la ley ecuatoriana 2007-74, la Ley Orgánica de la Defensa Nacional”, consta en el cable diplomático revelado por WikiLeaks.

Se explica que, “entre otras disposiciones, esta ley establece que en materia de desarrollo social y económico del Ecuador, a las Fuerzas Armadas ‘se les permitirá participar en actividades económicas relacionadas exclusivamente con la defensa nacional’. La ley también establece que el uso de personal de Fuerzas Armadas y los bienes en las actividades del sector privado está prohibido”.

Echeverría le habría manifestado a Jewell que los beneficios de HoldingDine alcanzaron $ 24 millones el año pasado (2006) y que se trabajó con socios del sector privado en la mayoría de sus empresas… que la empresa contribuye con aproximadamente $ 11 millones anuales para el Ejército, además del valor de los bienes militares, como municiones y uniformes, que se transfiere directamente.

Entonces explica que HoldingDine es dueño mayoritario o accionista minoritario de 18 empresas que operan en sectores que van desde la defensa-orientado (acero, municiones, explosivos, uniformes militares y botas) hasta los más diversificados (producción de alimentos, las exportaciones de flores, hoteles).

El cable describe o hace una radiografía pormenorizada de la cartera, por porcentajes, de HoldingDine: Acerías Nacionales del Ecuador (Andec), producción de acero, propiedad, 93,29%, cuota en el mercado, 23,3%; Explocen, producción explosivos, propiedad 60%, cuota de mercado, 90,75%; Complejo Industrial, uniformes y botas, propiedad, 100%, cuota mercado, 1,82%; Santa Bárbara, municiones, propiedad, 100%, cuota de mercado, 51,29%; Aychapacho, producción lechera, propiedad 100%, cuota de mercado 0,06%; DINEAgros, producción de plátano, propiedad 100%, cuota de mercado, 0,18%; Proteas del Ecuador, producción de flores, propiedad 61,74%, cuota de mercado 0,02%; Corpsys, Ingeniería Civil/Construcción, propiedad 100%, cuota de mercado: 0,98%; DINEComs, brazo de ventas HoldingDine marketing, propiedad: 100%; y Sepriv, seguridad; propiedad: 100%, la cuota de mercado: 0,95%.

Jewell indica que a pesar del fervor de los medios de comunicación, Echeverría insistió en que HoldingDine no se verá obligado a ceder bajo la nueva ley, pero que “tendrá que trabajar en un nuevo marco regulatorio”.

Según Echeverría, “grandes competidores del sector privado de HoldingDine temen que en el ambiente actual de “transparentización”, la gente se verá en ingresos de las empresas militares, pago de impuestos y participación de mercado y comenzar a extrapolar lo que la industria privada está fallando a pagar al Estado.

El cable destaca que “HoldingDine, a través de sus diversas empresas de hacer dinero, es y debe seguir siendo un jugador importante en este esfuerzo”.

Comentario de la diplomática para insumo de su Gobierno

En su comentario personal que consta el final del cable diplomático, la exembajadora expresó: “Forzada desinversión llevada a cabo por el Gobierno pondría en peligro los intereses e interrumpiría la corriente de Estado cómodo”.

“Mensaje sospecha que será difícil que el nuevo Ministro de Defensa (civil que aún no tiene nombre) pueda forzar la situación, ya que las operaciones comerciales de HoldngDine no solo alivian al Ministerio de Defensa de tener que competir con ambiciosos planes sociales y económicos de Correa, sino que también proporcionan muchas oportunidades de empleo remunerado para jubilados, oficiales militares y sus familiares, y una red de seguridad posterior a la jubilación lucrativa”.

“Dado el papel fundamental de los militares en los tres últimos cambios irregulares en el Gobierno y la batalla que se avecina de Correa con el Congreso ecuatoriano sobre la Asamblea Constituyente, Correa puede ser obligado a pasar a un segundo plano las reformas radicales que podrían alienar a la cúpula militar actual y a la camarilla influyente de oficiales retirados”.

“Él (Correa) probablemente necesitará su apoyo (de los militares en servicio activo y pasivo) en los próximos meses y años, y lo hará tener la intención de tender puentes a los militares, por lo que no los quemará”.

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