10 conclusiones preliminares de la ONU sobre las desapariciones forzadas en el Perú

Volvieron al Perú luego de 30 años, encontraron una sociedad y Estado diferentes, pero están preocupados por el lento avance en materia de derechos humanos, específicamente en el tema de desapariciones forzadas.

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias visitó el país del 1 al 10 de junio. Hoy, al concluir su visita, brindó una conferencia de prensa en la que dio a conocer sus primeras observaciones. El argentino Ariel Dulitzky, quien encabeza el Grupo, señaló que la situación actual del Perú es diferente, ya que estamos en un contexto democrático y la política sistemática de violaciones a los derechos humanos se ha abandonado. Sin embargo, mostró su preocupación. “Es urgente que el Estado peruano fije como una inmediata prioridad la búsqueda de la verdad sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas“, afirmó.

Houria Es-Slami, experta del Grupo, afirmó que treinta años después de su última visita al Perú, esta delegación ha encontrado un país transformado. “Desde el año 2000, se han dado pasos importantes para asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la memoria frente a las desapariciones forzadas ocurridas durante la violencia política entre 1980 y 2000“, dijo.

Ambos destacaron la labor de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la creación del viceministerio de Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo. Y mostraron su preocupación por el lento avance en la búsqueda de los desaparecidos. Por ello, el Grupo exhortó al gobierno peruano a cumplir el desafío de tener una cifra exacta de personas desaparecidas, a implementar un plan nacional de búsqueda, un mapa de las fosas y un banco de datos genéticos. “Como está la situación, las familias tendrán que esperar décadas para saber el paradero de las víctimas“, dijo Dulitzky.

A continuación, compartimos las 10 conclusiones del Grupo de la ONU sobre las desapariciones forzadas en el Perú:

1. El Grupo de Trabajo aprecia la información sustantiva que diversas autoridades, la Defensoría del Pueblo, organizaciones de la sociedad civil, familiares y víctimas le brindaron con el fin de comprender mejor el fenómeno de las desapariciones forzadas en el Perú.

2. Treinta años después de su visita, el Grupo de Trabajo ha encontrado un país y una sociedad completamente transformados. En particular, la política estatal de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas, han cesado. También ha logrado, con gran esfuerzo prevalecer sobre la violencia subversiva, aunque a un alto costo humano. Sin embargo, profundas secuelas y heridas permanecen abiertas.

3. Desde el año 2000 se han dado pasos importantes para asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la memoria frente a las desapariciones forzadas cometidas durante la violencia política entre 1980 y 2000. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, los cientos de exhumaciones, identificaciones y restitución de restos, las reparaciones monetarias, educativas, de salud a víctimas, la creación del Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, el rol de la Defensoría del Pueblo, un subsistema de justicia que ha impuesto importantes aunque pocas condenas, algunos memoriales construidos o en proceso de construcción, representan avances concretos y valorables.

4. Estos avances se han logrado gracias a iniciativas impulsadas o llevadas a cabo por familiares de las víctimas o por la sociedad civil y algunos sectores estatales. De acuerdo con las obligaciones dimanantes de la Declaración y del derecho internacional, el Estado debe asumir esa responsabilidad y un rol de liderazgo para asegurar que estas iniciativas sean parte de una política de Estado comprensiva, coherente, permanente, cooperativa y colaborativa con las víctimas y sus familiares. Con ello se reforzaría claramente el repudio a las desapariciones forzadas. En particular, las Fuerzas Armadas deben asumir un compromiso claro de cooperación en la búsqueda de la verdad y la justicia. Todo ello fortalecería las bases de un Estado que no permita que nunca más se cometan estas violaciones gravísimas en su nombre. Dado el profundo impacto que las desapariciones forzadas han tenido en las mujeres peruanas, todas las actividades en materia de desapariciones forzadas deben tener en cuenta la perspectiva de género. La comunidad internacional debe apoyar a Perú en estas iniciativas a través de la provisión de fondos, capacitación y asistencia técnica.

5. Treinta años después de las desapariciones, es preocupante que, a pesar de los progresos, el esfuerzo para clarificar la suerte de aquellos que desaparecieron ha sido muy lento y muy limitado, lo que ha llevado a la clarificación de pocos casos de desaparición forzada. Esta situación ha dejado a los 9 familiares de las víctimas en una incertidumbre constante e impedidos de cicatrizar sus heridas, como fue ampliamente comprobado durante la visita. Clarificar estos casos debe ser una prioridad para el Estado y parte de cualquier proceso de verdad, reparación, justicia, memoria y reconciliación.

6. Sin embargo, aún persisten importantes desafíos. En particular, el Grupo de Trabajo observa con preocupación que, a pesar de los progresos alcanzados en la lucha contra la pobreza, las profundas disparidades socio-económicas, que fueron la causa y la consecuencia de la violencia política, permanecen vigentes hoy en día, dificultando el éxito de muchas de las medidas adoptadas. Asimismo hay otros desafíos puntuales, tales como la falta de una cifra exacta de personas desaparecidas, los pocos procesos judiciales concluidos, la imposición de sanciones leves a los victimarios, la lentitud en los avances de los procesos judiciales, la carencia de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas y un mapa nacional de fosas, las limitadas exhumaciones e identificaciones de personas desaparecidas, la ausencia de un banco de datos genéticos, la poca atención psicosocial integral que reciben las víctimas, la ausencia de una política pública en asuntos de memoria, entre otros. La adopción de una ley general de búsqueda de personas, así como la asignación de un presupuesto adecuado para su implementación y funcionamiento, podría contribuir a superar muchos de estos desafíos

7. En todos los sitios visitados el Grupo de Trabajo se ha reunido con decenas de familiares. Prácticamente todos han manifestado una profunda frustración frente a los obstáculos y las dificultades para acceder a la información necesaria para esclarecer la suerte y el paradero de sus seres queridos. En particular han indicado que la condición de quechua hablantes y de otras lenguas, así como su condición socioeconómica, los confronta con discriminaciones y desdén por parte de las autoridades. Dado el lapso de tiempo transcurrido desde que la mayor parte de las desapariciones forzadas comenzaron a ejecutarse y la edad muy avanzada de muchos testigos y familiares y perpetradores, es urgente que el Estado fije como una inmediata prioridad la búsqueda de la verdad y, en particular, sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas. Si bien en algunos casos es difícil o prácticamente imposible establecer el destino final de la persona desaparecida, existe una obligación absoluta de tomar todas las medidas necesarias, razonables y eficaces para encontrar a la persona o clarificar su suerte. Con la misma urgencia debe actuarse en materia de justicia y de reparaciones integrales para las víctimas.

8. El Grupo de Trabajo reitera su solidaridad con las víctimas de desaparición forzada y susfamiliares. Su constante sufrimiento es la prueba palpable que la desaparición forzada es un delito permanente y una continua violación de los derechos humanos hasta que la suerte o el paradero de la víctima se hayan esclarecido.

9. El Grupo de Trabajo también reconoce la labor de los numerosos/as defensores/as de losderechos humanos, organizaciones no gubernamentales, abogados/as, y todos aquellos que trabajan incansablemente, inclusive en condiciones adversas, para llevar a los perpetradores a la justicia y para reparar y preservar la memoria de las víctimas de esta terrible práctica. Por ello, realiza un llamamiento al Estado y a la comunidad internacional a apoyar continuamente la labor de estos actores. En este espíritu, el Grupo de Trabajo alienta a todos los actores en este ámbito, Estado, sociedad civil y familiares, a reforzar su colaboración para aunar todos los recursos y las sinergias existentes de una manera cooperativa, concertada y coordinada.

10. El Grupo de Trabajo manifiesta su disposición para continuar el diálogo constructivo con el Estado peruano y ofrece su asistencia en la plena aplicación de la Declaración.

Fuente:La Mula

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