“Sucedía en todo Perú”: las amargas historias de las víctimas de las esterilizaciones forzadas bajo el gobierno de Alberto Fujimori

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A Rute Zúñiga la amarraron de pies y manos para que no se pudiera defender. Tres enfermeras y un doctor la esterilizaron sin su consentimiento después de chantajes y hostigamiento.

En la provincia de Anta, en Cusco, Perú, las autoridades locales la amenazaban con no registrar a su hija recién nacida si no acudía primero al centro de salud.

Su caso es similar al de otras cientos de miles de mujeres en Perú que, entre 1990 y 2000, fueron sometidas a tratamientos de anticoncepción quirúrgica definitiva en regiones con niveles de pobreza elevados y mayoría de población indígena.

Desde noviembre, el caso de las esterilizaciones forzadas fue elevado a “asunto de interés nacional de Perú” por un decreto emitido por el ex presidente , Ollanta Humala.

La comisión del Congreso peruano que en 2002 investigó los casos de anticoncepción quirúrgica concluyó que 314.605 mujeres fueron esterilizadas en el marco del Programa Nacional de Planificación Familiar del gobierno de Alberto Fujimori.

El Comité Latinoamericano y del Caribe de los Derechos de la Mujer (Cladem) concluyó que sólo el 10% de las mujeres que fueron esterilizadas en aquel periodo dieron su “consentimiento genuino”.

Víctimas como Rute Zúñiga responsabilizan de aquellos hechos al gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), algo que siempre fue rechazado por el ex jefe de Estado y sus familiares.

El infierno

Cuando Rute llegó a la posta sanitaria y vio a otras mujeres desmayadas en el suelo, lo primero que intentó fue escapar.

Como ella, muchas vivieron esa historia.

“Unas enfermeras fueron a mi casa a recogerme y me llevaron en una ambulancia. En ese cuarto yo les dije que quería ir al baño para escaparme, pero nos vigilaban. Nos pusieron un candado para que no escapemos. Me quitaron a mi hija. Las mujeres tenían miedo y lloraban”, relató Zuñiga.

En 1996, Esperanza Huayama fue esterilizada mientras estaba embarazada de tres meses. Tuvo que luchar para que los médicos no le practiquen un aborto ahí mismo.

“No me van a sacar mi hijito, les dije. Prefiero morir si me sacan a mi hijito. Después me desperté con mucho dolor. No podía enderezarme, estaba flaca y encogida. Mi hijito nació flaquito y hasta se enfermó”, relató.

Esperanza fue engañada.

Ella recuerda que una “comisión” llegó a Huancabamba, al noroeste de Perú, a ofrecer alimentos, vitaminas y medicinas para mujeres, pero en realidad se trataba de un grupo para llevar mujeres a los centros de salud.

Al igual que a Rute Zúñiga, a Esperanza la encerraron en un cuarto, en el “infierno”.

“Lo mismo les hicieron a muchas señoras ese día. Cien por lo menos. Como animales nos trataron una vez que cerraron el puesto de salud. Algunas señoras murieron, a otras sus esposos las abandonaron”, recuerda.

Los métodos

Investigaciones y testimonios recogidos por organizaciones como Amnistía Internacional y Cladem, por el Congreso peruano y medios de comunicación enumeran los métodos de hostigamiento, amenaza o chantaje empleados por personal de salud de aquel entonces para practicar ligaduras en mujeres peruanas.

Algunos de ellos fueron:

  • Chantaje a madres que recién dieron a luz con no inscribir a sus hijos en registro civil.
  • Amenazas con realizar abortos a las mujeres embarazadas que no acepten ser esterilizadas.
  • Presión psicológica con argumentos sobre la irresponsabilidad o inestabilidad económica de los maridos para que las mujeres opten por la anticoncepción quirúrgica.
  • Visitas casa por casa de enfermeras que amenazaban con volver “con la Policía” si las mujeres no aceptaban acudir al centro de salud.
  • Festivales y campañas destinadas a convencer a las mujeres de que el mejor método de anticoncepción es la ligadura de trompas en lugar de otras formas de planificación familiar no definitivas.
  • Recorridos de ambulancias casa por casa para recoger a mujeres.
  • Pago de “incentivos” económicos a los maridos para que firmen una autorización para que la mujer sea sometida a una esterilización “voluntaria”.
  • Ofrecimiento de alimentos y medicinas como mecanismo de captación de mujeres de escasos recursos o con necesidades urgentes.
  • Uso de la fuerza física para llevar a las mujeres a los centros de salud.

Reportes periodísticos de la época y el informe congresal de 2002 concluyó que en ese periodo se establecieron “metas numéricas” e incentivos para la práctica de esterilizaciones desde altos niveles del Estado peruano.

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Después de una cesárea de emergencia, Victoria Vigo escuchó a un doctor decir que había sido esterilizada.La peruana, que en 1996 tenía 32 años, fue sometida al procedimiento sin haber dado su consentimiento.Y como las muchas otras mujeres que sufrieron el mismo trato, ahora exige justicia.En abril de 1996, esta mujer madre de dos hijos vivía en la ciudad costera de Piura, en el noroeste de Perú.”Yo tenía 32 semanas de embarazo y no me sentía muy bien, así que fui a ver a mi médico“, recuerda.”Me evaluaron y decidieron llevar a cabo una cesárea de emergencia”, El bebé de Vigo nació con dificultades para respirar, sus pulmones no estaban bien desarrollados y murió poco después.”Había un médico tratando de consolarme diciendo: ‘No te preocupes, todavía eres joven, puedes tener otro bebé'”.

Ese fue el momento en el que ella escuchó a otro médico decir: “No, no puede tener más hijos. La hemos esterilizado”.

Más de 300.000

El presidente peruano de ese entonces, Alberto Fujimori, se embarcó en un programa de planificación familiar conocido como Anticoncepción Voluntaria Quirúrgica, como parte de una política contra la pobreza.Pero, a pesar de su nombre, el programa no siempre buscaba el consentimiento informado de los pacientes..Y un año después de haber sido esterilizada, en 1997, Vigo comenzó su lucha contra las autoridades que impulsaban las esterilizaciones.”No se trataba sólo de mis derechos, pronto me di cuenta de que esto era parte de una política nacional y había muchas otras mujeres involucradas“,”Esto sucedía en todo Perú con los médicos tomando decisiones sin consultar adecuadamente a las mujeres involucradas”.

Después de años de disputas legales, Vigo eventualmente ganó su caso y se le concedieron daños de aproximadamente US$2.500 en 2003.Es la única persona en Perú que ha recibido cualquier forma de compensación después de ser esterilizado a la fuerza.

Proyecto Quipu

Los hombres y mujeres que fueron objeto del programa de esterilización fueron por lo general de origen humilde, hablantes indígenas de quechua, muchos de los cuales firmaron un documento escrito en español que no entendían.

Fujimori había dicho que sería un plan progresivo que ofrecía una amplia gama de métodos anticonceptivos, incluida la esterilización quirúrgica, que hasta ese momento era ilegal en Perú.

Mujer del proyecto Quipu conversando con otras mujeres

“Pero la verdad es que en lugar de promover una variedad de métodos anticonceptivos había objetivos, cuotas y número de esterilizaciones que el personal de salud tenía que lograr”, dice Rosemarie Lerner, directora del proyecto Quipu, que recoge y comparte testimonios de personas como Vigo, que fueron forzadamente esterilizados en el Perú de los años noventa.

Los quipus eran un antiguo sistema de registro usando hilos y nudos usado por los incas y otras culturas andinas.

“Hemos elegido el (nombre de) quipu para simbolizar este proyecto porque también estamos registrando información oral, lo que impulsa nuestra memoria colectiva para asegurar que las esterilizaciones no se olviden“, dice el sitio web del proyecto.

Bajo el proyecto Quipu, las personas de todo Perú pueden usar una línea telefónica gratuita para compartir sus historias, escuchar los testimonios de otros y grabar respuestas para otros usuarios.

Una vez grabados, los mensajes se traducen en quechua, español e inglés y se suben al sitio web del proyecto donde se pueden escuchar desde cualquier parte del mundo.

Cartel del poryecto Quipu

El equipo de Rosemarie Lerner ha estado organizando talleres en todo Perú para mostrar a la gente cómo usar el sitio web del proyecto Quipu y la línea telefónica para presentar sus historias.El equipo está recolectando testimonios en la selva amazónica.El año pasado estuvieron en remotas comunidades andinas.”La mayoría de las historias tienen una estructura común”, explica la experta.”Cómo comenzó la campaña de esterilización, cómo llegaron las enfermeras o el personal médico en busca de mujeres en sus casas, luego el momento real de la operación y lo traumático que fue. Algunas mujeres incluso fueron esterilizadas mientras estaban embarazadas“.

Las consecuencias

Hay testimonios de mujeres que señalan haber sido coaccionadas para ser esterilizadas a cambio de comida o medicina.

De acuerdo a los relatos, las mujeres a menudo fueron maltratadas en las operaciones e incluso algunas de las intervenciones fueron hechas sin anestesia general.

Protesta contra las esterilizaciones forzadas en Perú

Muchas quedaron tan afectadas físicamente que ahora son incapaces de trabajar.Los informes e investigaciones señalan que después no se ofreció ningún cuidado posterior.Las mujeres describen tener una sensación de marginación porque ya no pueden trabajar y creen que no tienen valor dado que ya no pueden tener hijos.Muchas apuntan que sus relaciones se han deteriorado o se han desmoronado después de la intervención.Hablar sobre las esterilizaciones forzadas sigue siendo considerado tabú para muchos en Perú, pero Lerner espera que el proyecto Quipu ayude a desafiar las actitudes.”Queremos que las mujeres que participan en el proyecto Quipu entiendan que no están solas“, afirma.

“Miles de ellas pasaron por la misma experiencia y merecen ser escuchadas”.

Fujimori

En 2003, tres años después de que Fujimori fuera expulsado del poder, los fiscales peruanos comenzaron a investigar las acusaciones de esterilizaciones forzadas.

Desde entonces, varias investigaciones han sido abiertas y luego cerradas.

Alberto Fujimori

La más reciente fue archivada por segunda vez en diciembre de 2016, cuando un tribunal dijo que no había suficientes pruebas para entablar un proceso.

Actualmente, el expresidente Fujimori está cumpliendo una sentencia de 25 años de prisión por malversación de fondos y abusos contra los derechos humanos cometidos durante su década de gobierno.

Pero la mayoría de los esterilizados todavía están esperando la justicia.

Vigo reconoce que probablemente tuvo éxito en lograr una compensación debido a que, a de la mayoría de las otras personas que fueron esterilizadas contra su voluntad, ella es de clase media, tiene estudios y habla español.

A pesar de la compensación que ya ha recibido, Vigo dice que ella y los demás aún necesitan reconocimiento.

Queremos obtener una compensación adecuada, pero no se trata sólo del dinero, sino de justicia por lo que ha sucedido“, dice.

“Fue racista pensar que se puede dirigir a los miembros más pobres y más vulnerables de la sociedad y tomar decisiones por ellos. ¿Cómo es posible tratar a las mujeres así en el siglo 21? Ellos violaron nuestros derechos humanos y nuestro derecho a decidir nuestro futuro para Nosotros mismos”.

 

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