México y Venezuela: la diferencia entre dictadura y contrarrevolucion

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México y Venezuela atraviesan un período de intensa crisis política. Eso nadie lo puede objetar. Lo que sí es objeto de discusión es la génesis o causa de esa crisis. Y es allí donde el analista y el público deben concentrar la atención.

Con frecuencia se dice que el problema en México es de carácter extrainstitucional; es decir, que la causa de la crisis es el narcotráfico (entendido como un agente extraño a las instituciones). Esta consigna admite matices, y generalmente acaba reconociendo que se trata de un problema que entraña “complejidad”, no sin deslizar los argumentos hacia una neutralidad inocua. En el caso de Venezuela, y sólo con escasas excepciones, las opiniones (sólo eso, “opiniones” desprovistas del imperativo de la evidencia empírica) profesan a ultranza la univocidad: todas coinciden en resaltar la responsabilidad primordial de un “gobierno autoritario” que lacera al país, dirigido por el “dictador” Nicolás Maduro. Esta consigna no admite concesiones, e irreductiblemente acaba por alentar la primitiva idea de que el problema es de una sola variable, cuya única solución es el derrocamiento por la fuerza (para la “oposición” venezolana eso significa “democracia”).

Y como el léxico es absolutamente determinante en el campo de la lucha política, cabe hacer acá algunas apreciaciones, sostenidas en hechos susceptibles de comprobación.

México es una dictadura a su modo. Una “nueva dictadura”, advierte el poeta Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Y no es la única ocasión que alguien lo dice públicamente. Los resultados de la guerra contra el narcotráfico permiten hacer esta conjetura; y más de una organización civil comulga con el testimonio de Sicilia. En enero de 2016, Estela de Carlotto, presidenta de la organización argentina Abuelas de Plaza de Mayo, declaró, durante la presentación de un reporte de Amnistía Internacional, que “el narcotráfico es la dictadura de México”. Y agregó: “México nos duele, es el dolor de América Latina que aún tiene abierta la herida de los años más sangrientos de nuestra historia reciente”.

La hipótesis de que el narcotráfico es la dictadura en México se sostiene en indicadores que reproducen el comportamiento de las dictaduras militares en Sudamérica. Por ejemplo: las desapariciones forzadas, la tortura atribuida a efectivos militares, el encarcelamiento de opositores políticos, la eliminación física de estudiantes-defensores de derechos humanos-periodistas, y la multiplicación de ejecuciones sumarias extrajudiciales. En suma, un conjunto de acciones que por definición perfilan y constituyen una dictadura. (Glosa marginal: en mayo del año en curso, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, presentó un informe que reporta que México es el segundo país más violento del mundo, sólo detrás de Siria).

De acuerdo con Amnistía Internacional, más de 30 mil personas han sido desaparecidas desde 2006 en México. Organizaciones civiles estiman que se trata por lo menos del doble (60 mil desapariciones). En relación con esta modalidad de crimen, se calcula que cerca de 78 por ciento involucra a agentes estatales, lo que configura desaparición forzada, y, por consiguiente, crímenes de lesa humanidad. Amnistía Internacional destaca que “sólo se han dictado siete condenas a escala federal por desaparición forzada, todas ellas entre 2005 y 2010” ( La Jornada 25-II-2015). Prácticamente un 100 por ciento de impunidad.

Sobre Venezuela, la prensa hegemónica nunca acude a ese indicador, acaso porque allí la estadística es incluso menor a la de algunos países desarrollados. Cabe destacar que antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, en ese país se registraron más de 10 mil personas desaparecidas. Y desde el inicio de la Revolución Bolivariana hasta 2013, la organización Provea tan sólo recopiló 114 casos de desaparición ( El Universal30-IV-2015), en las que, por cierto, no está probada la participación de agentes estatales en la comisión de esos delitos. Por añadidura, cabe recordar que, tras la promulgación de la Constitución Bolivariana en 1999, por iniciativa del comandante Hugo Chávez, “Venezuela se convirtió en el primer país de América Latina en calificar la desaparición forzada como un delito de lesa humanidad” ( Correo del Orinoco 21-I-2017).

También en materia de tortura, la incidencia en México es alarmante. En octubre de 2015, Amnistía Internacional condenó la virulencia de ese delito en el país: “La epidemia de tortura en México ha alcanzado niveles catastróficos” (La Jornada 23-X-2015). Y advirtió que lo más preocupante es la rutinaria participación de la fuerza pública en la violación de un derecho humano básico (i.e. anulación de toda protección jurídica del detenido). Según datos de la Procuraduría General de la República, el número de denuncias por tortura a nivel federal aumentó más del doble entre 2012 y 2014, ya que registró un aumentó de mil 165 a 2 mil 403.

Sobre los presuntos casos de tortura contra “opositores” en Venezuela, Luis Hernández Navarro recoge un episodio ilustrativo: “Durante meses, Lilian Tintori aseguró que se su esposo, Leopoldo López, estaba siendo torturado en prisión. Incluso se dijo que había fallecido. Multitud de medios dieron por buena esta versión sin corroborarla. Sin embargo, cuando el pasado 8 de julio López pasó a prisión domiciliaria, parecía más un instructor de fisicoculturismo que un reo martirizado” ( La Jornada 25-VII-2017). Por cierto, el pasado abril, la Corte Penal Internacional (CPI) desechó la denuncia por supuestas torturas sufridas por los hermanos Alejandro y José Sánchez, afiliados al partido derechista Primero Justicia, y detenidos el jueves 13 de abril ( Telesur 19-IV-2017).

De acuerdo con cálculos del senador Alejandro Encinas, en México suman alrededor de 800 presos políticos. Elena Arzaola, investigadora de l Centro de Investigación y Estudios en Antropología Social (CIESAS) estima que “cuatro de cada 10 presos en México están en la cárcel sin sentencia” ( La Opinión 22-III-2016).

Hasta antes de la escalada de violencia opositora en Venezuela en abril de este año, la propia Organización de Estados Americanos (OEA) reconoció que en ese país había 117 presos políticos, no pocos de ellos acusados por delitos graves que tienen poca o nula relación con un quehacer político legítimo. Entre ellos, el tristemente célebre Leopoldo López, actualmente libre, pero inhabilitado políticamente por hechos de corrupción, vinculado a instituciones financiadas por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), y responsable confeso de acciones desestabilizadoras. El repunte del terror inoculado por la derecha en las calles de Venezuela elevó la cifra de detenidos a 359 ( El Nacional 17-VI-2017). Pero difícilmente alguien puede argüir que se trate de “presos políticos”.

A propósito de persecuciones políticas, en México la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas sigue impune. La singularidad de este delito de lesa humanidad es que involucró a la totalidad de las instituciones de Estado: fuerza pública, corporaciones policiales, instituciones de justicia, partidos políticos, y los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal). Toda una extraordinaria acción concertada para la comisión material del crimen, y la ulterior operación de ocultamiento, con el único propósito de proteger los negocios del narcotráfico. Ayotzinapa encierra una verdad políticamente inconfesable: que México es una narco dictadura.

También en Venezuela persiguen y matan bestialmente a civiles. Pero no es exactamente el gobierno el autor de esos crímenes. Otra vez Hernández Navarro relata un incidente representativo de la violencia en ese país: “Carlos Eduardo Ramírez salió a buscar empleo el jueves 18 de mayo. Alrededor de las 3 de la tarde caminaba por una de las calles cercanas a la estación del Metro de Altamira, en Caracas, cuando un grupo de unos 20 opositores al gobierno encapuchados lo abordó. De inmediato comenzaron a golpearlo con palos y piedras. Uno llevaba una pistola. ‘¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Se tiene que morir ese chavista!’, le gritaron… Desde entonces, los enemigos de la revolución bolivariana no han parado de quemar a seres humanos por el delito de ser chavistas. Los fanáticos han prendido fuego a 19 personas, en su inmensa mayoría negros, pobres o funcionarios gubernamentales” ( Ibidem ).

México es uno de los peores países en el mundo para ejercer el periodismo. Hasta la fecha, hay registro de 123 periodistas asesinados desde el año 2000, y otros 25 están desaparecidos. “En la lista de los lugares más mortíferos para ser reportero, México está ubicado entre Afganistán, un país devastado por la guerra, y Somalia, categorizado como Estado fallido. El año pasado [2016] fueron asesinados once periodistas mexicanos, la mayor cifra durante este siglo” ( The New York Times 29-IV-2017). En México, “prevalece un 99.75 por ciento de impunidad en casos de violencia contra comunicadores” ( Telesur 3-V-2017).

De acuerdo con el balance cuatrimestral (enero-abril 2017) de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas de la Federación Latinoamericana de Periodistas, catorce periodistas fueron asesinados en cinco países de Latinoamérica: siete asesinatos ocurrieron en México, dos en, Perú, dos en República Dominicana, uno en Guatemala, uno en Honduras y uno más en Venezuela ( Resumen Latinoamericano I-IV-2017).

Cuando se le preguntó acerca de la crisis venezolana en la Conferencia de Seguridad de Aspen el pasado 20 de julio, el director de la CIA, Mike Pompeo, contestó: “Cada vez que tienes un país tan grande, y con la capacidad económica de un país como Venezuela, Estados Unidos tiene profundos intereses… Basta señalar que estamos muy optimistas de que puede haber una transición en Venezuela… Acabo de estar en Ciudad de México en Bogotá, la semana antepasada, hablando sobre este tema precisamente, intentando ayudarles a entender las cosas que podrían hacer para lograr un mejor resultado para su rincón del mundo y nuestro rincón del mundo (¡sic!)” ( El Nuevo Herald 26-VII-2017).

 

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